En medio una escalada violenta especialmente en Quibdó, la capital y de la pandemia del Coronavirus, este 3 de noviembre, el Departamento del Chocó cumple 73 años de haber sido creado.
Las vías de hecho han sido las únicas que les han servido a los chocoanos, para llegar al alto gobierno a pedir soluciones a los problemas que por décadas los aquejan y con poca solución nacional, regional y local, por ello las marchas de protesta se han convertido en tema de la cotidianidad del pueblo chocoano en los últimos 37 desde el gran paro cívico de del 26 de mayo de 1987, el Chocó no ha parado de marchar por las mismas causas.
Luego de casi medio siglo de intentos vanos, hechos por la élite blanco-mestiza que regentaba la entonces Intendencia Nacional, dirigentes chocoanos, negros en su mayoría, encabezados por Diego Luis Córdoba, Adán Arriaga Andrade, Reinaldo Valencia, Eliseo Arango, Manuel Mosquera Garcés, Ramón Mosquera Rivas y Alfonso Meluk, entre otros, consiguieron salvar los escollos legales, políticos y racistas que habían impedido el ascenso político-administrativo de esta jurisdicción asegura en si investigación el periodista Julio Cesar Uribe Hermosillo, en su publicación de blog El Guarengue.
El Chocó es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, forman la República de Colombia. Su capital es Quibdó. Está ubicado al noroeste del país, en las regiones andina y Pacífico, limitando al norte con Panamá y el mar Caribe (océano Atlántico), al este con Antioquia y Risaralda, al sur con Valle del Cauca y al oeste con el océano Pacífico.
Comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó. Es el único departamento de Colombia con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Es igualmente el único departamento limítrofe con Panamá. En ella se encuentra la ecorregión que probablemente tenga la mayor pluviosidad del planeta.7 A grandes líneas comprende la mitad norte del litoral colombiano en el océano Pacífico.
En una publicación de la Revista Semana, del 23 de septiembre de 2015, titulada Choco y su hambre, da cuenta de un panorama desolador en el departamento, situación que cinco años después, es poco lo que ha cambiado. Por eso la reproducimos en esta edición de lanzamiento del Diario del Chocó, para ser conscientes que cumplimos un año más de vida institucional en medio de esta triste realidad, que seguramente se agravará más por la pandemia del Coronavirus.
Chocó y su hambre
La región tiene hace décadas dos determinantes: los grupos armados y la minería ilegal. Ambas, en orquesta con la escasa gestión pública, las difíciles condiciones geográficas y la fumigación con glifosato, fueron caldo de cultivo para que estallara la profunda crisis de derechos humanos.
La población chocoana, 80 %
negra y 16 % indígena, está muriendo de hambre. La Defensoría del Pueblo
denunció a finales del año pasado la muerte de 95 niños indígenas menores de 5
años por enfermedades asociadas a la desnutrición. Gran parte de esta población
ha retornado sin un mínimo de garantías después de un desplazamiento forzado.
Son personas que vuelven desnutridas a su tierra y con enfermedades que afectan
igual a la población receptora, ya expuesta también por la desnutrición.
De cerca de 495.000 habitantes, 352.200 podrían considerarse pobres. La
desnutrición crónica de la población alcanza el 18,5 %, según el Plan
Departamental de Desarrollo 2012- 2015. La más reciente Encuesta Nacional de la
Situación Nutricional en Colombia, Ensin 2010, evidencia que el 64,2 % de las
familias chocoanas viven en inseguridad alimentaria, cuando el promedio
nacional es de 42,7 %: ¡22 puntos porcentuales por encima de la cifra nacional!
En marzo de este año, la Defensoría del Pueblo volvió a denunciar. Esta vez en
una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional. El caso: en el
municipio de Bagadó murieron 13 niños indígenas entre noviembre de 2014 y enero
pasado, por falta de atención y desnutrición.
Una de las determinantes para esta situación es la presencia de grupos armados
ilegales. Las Farc ocupan el departamento de norte a sur, literalmente: sus
hombres armados están en Juradó, en la frontera con Panamá; en el río Atrato,
desde Acandí hasta Quibdó; en el norte, en el alto y medio San Juan, desde
Condoto hasta Sipí.
En muchos de esos municipios también hacen presencia el ELN y los grupos
armados ilegales que surgieron de la desmovilización de las Autodefensas Unidas
de Colombia, Los Urabeños. Estos últimos están en Bahía Solano, Nuquí, litoral
del San Juan y Medio y Bajo Baudó, así como en los centros urbanos de Quibdó e
Itsmina)
Todos estos grupos tienen dominio sobre el territorio: impiden el relevo
generacional, y por lo tanto productivo, al reclutar menores de edad y jóvenes,
obligan a la producción de cultivos ilícitos, cobran extorsiones, restringen la
movilidad, hacen bloqueos alimentarios, desplazan y confinan a la población
civil. En 2013 hubo 66.649 víctimas de desplazamiento o confinamiento,
especialmente en zonas como Bahía Solano, Juradó y Nuquí, que conforman un
corredor estratégico para el transporte de drogas ilícitas hacia otras zonas.
Ese mismo año murieron siete menores por desnutrición en enfermedades
asociadas. Sin embargo, líderes indígenas le indicaron a la Defensoría que la
cifra superó los 40 niños fallecidos.
Con unas u otras cifras, la crisis humanitaria en Chocó se agrava. Cada mes la
Defensoría sigue sacando comunicados que dan cuenta de cómo empeora la
situación, específicamente en enfermedades prevenibles que están asociadas a lo
que los estudiosos del tema denominan el hambre oculta.
Juan Carlos Morales González, director ejecutivo para Colombia de la organización
de derechos humanos Fian, aclara que cuando se habla de hambre prevalece el
imaginario del niño esquelético que llega al hospital a punto de morirse. “Esa
es el hambre notoria, grosera. Pero la deficiencia de micronutrientes como
calcio y vitaminas en una persona que aparentemente no está flaca, también
causa desnutrición: una gestante que no consume suficiente yodo tiene riesgos
altísimos de abortar o de que su hijo nazca con afectaciones cognitivas. Un
niño que no consume vitamina A puede quedar ciego. Esa es el hambre oculta”.
Entre otros problemas generados por el conflicto armado están las fumigaciones
con glifosato, que causan serios impactos a los cultivos agrícolas y de
pancoger, como lo señaló el año pasado la Corte Constitucional. Esto es especialmente
grave en el Chocó, porque ya sus suelos por sí mismos tienen baja fertilidad y
por eso la agricultura no puede ser un sector estratégico.
Precisamente, el hecho de que su renglón económico sea casi todo minero, es
otro de los riesgos de la región que tiene el 76 % de sus municipios con
actividades de extracción de oro y platino, según datos recolectados por la
Defensoría del Pueblo. Y aunque solo tres unidades mineras tienen licencia
ambiental, el Sistema de Información Minero Colombiano reportó que el
departamento produjo el 98 % del platino y el 37 % del oro nacional.
Esto quiere decir que se explota sin cumplir con la legislación ambiental y las
repercusiones sobre la capacidad de los pueblos para alimentarse disminuyen por
la destrucción de fuentes hídricas y el cauce navegable.
La biodiversidad del Chocó es su lastre. “Cuando el gobierno anterior impulsa
la minería y los grupos ilegales empiezan a encontrar en esta actividad una
alternativa económica, el territorio se vuelve objetivo de todos y las
comunidades que antes se dedicaban a pescar, a hacer cultivos transitorios, a
cazar y a recolectar, ahora están rodeadas”, explica el director de Fian.
Aunado a todo este contexto, otra de las razones estructurales de la crisis de
derechos Humanos en esta región es el abandono estatal. Durante el actual
periodo, el departamento ha cambiado de administración cuatro veces.
En el informe de la Defensoría se pone sobre la mesa el incumplimiento del
gobierno nacional de los compromisos del Plan Interinstitucional de Retorno de
Víctimas de 2013, baja cobertura de agua potable y dificultades con el
saneamiento básico, además problemas para la atención en salud por no contar
con personal que pueda comunicarse con la población indígena en su dialecto.
La Defensoría también subraya que las EPS Comparta y Caprecom no cumplen con
sus funciones de aseguramiento y prestación de servicios y que la IPS Santa,
que atiende a las comunidades indígenas del Alto Andágueda, no cuenta con la
infraestructura, personal idóneo, ni con los requisitos mínimos exigidos para
un primer nivel de atención. Finalmente, dice que el nuevo sistema acabó con la
figura de ‘promotores de salud’, los cuales son necesarios para el manejo de
salud pública y acercamiento a las comunidades indígenas.
Entre las últimas recomendaciones del Comité de Derechos Económicos a Colombia
están formular políticas agrarias que den prioridad a la producción de
alimentos, poner en práctica programas de protección de la producción
alimentaria nacional mediante la concesión de incentivos a los pequeños
productores, garantizar la restitución de las tierras de las que fueron
desposeídos los pueblos indígenas y afrocolombianos, así como las comunidades
de campesinos, adoptar una política nacional del agua para garantizar el
acceso.
Ninguna de estas medidas parece estar funcionando para el Chocó. En abril la
Defensoría todavía estaba denunciando “problemas de contaminación de agua,
deficiencias en la manipulación de alimentos, parasitismo intestinal y desnutrición,
entre otros factores” y corroboró que “por lo menos 1.000 personas permanecen
bloqueadas como consecuencia de dos operaciones de grupos armados”.
Según Morales, cuando este tipo de violaciones no son sancionadas ni reparadas
se siguen repitiendo porque se genera una sensación de impunidad. “Tendríamos
que encontrar a la Fiscalía mirando quiénes tienen la responsabilidad penal a
la situación de hambre en nuestro país; a la Procuraduría, revisando qué pasó
en el ámbito administrativo, y a la Contraloría, con los ojos encima sobre la
ejecución de los presupuestos”.
Soluciones en las que coinciden el director de Fian y teorías internacionales
como la de Medios de Vida Sostenibles, y que son estructurales y no
asistencialistas, tienen que ver con el rescate y el cuidado de la economía
familiar campesina, la garantía de la soberanía alimentaria y la protección de
los recursos a una comunidad que ha sido victimizada de muchas maneras y que no
tiene acceso a la justicia, “que vuelve a zonas en las que no pueden sembrar
porque las raíces de la palma lo destruyeron todo o los madereros les tumbaron
el bosque, que quieren cultivar peces pero les contaminaron el río… todas estas
formas de miseria y olvido terminan socavando la capacidad de actuar de las
comunidades”.
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/choco-su-dificil-situacion-social-economica/33886
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