El gerente de la empresa Sociedad Arquímedes habló sobre la decisión de la ANI.
Aguas cristalinas y cero multitudes, son las características más importantes de esta joya ubicada en Nuquí.
Foto: Archivo particular
Por: Redacción Economía y Medioambiente
30 de septiembre 2020 , 09:10 p. m.
El polémico proyecto del puerto de Tribugá, en el departamento del Chocó, quedó archivado, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) declaró el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria presentada por la Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. Es decir, que ya no se haría la obra porque la empresa no cumplió con algunos requisitos.
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Sin embargo, EL TIEMPO consultó al gerente de la Sociedad Arquímedes S.A.,
William Naranjo, quien aseguró que pese a la decisión de la ANI, no van a
desistir de hacer el puerto de Tribugá.
«El proyecto del puerto de Tribugá sigue firme. Nosotros no hemos
desistido del proyecto, mal haríamos porque es del departamento del Chocó, los
chocoanos lo quieren seguir desarrollando», señaló Naranjo.
La
ANI explicó que inicialmente esta firma presentó, el 2 de marzo de 2016, una
solicitud de “…una concesión portuaria para ocupar en forma temporal y
exclusiva, por un periodo de 20 años, unos bienes de uso público para la
construcción, operación, administración y explotación comercial de unas
instalaciones portuarias de servicio público, ubicadas en el municipio de
Tribugá, departamento del Chocó – Pacífico Colombiano, (…)”, la cual en su
momento fue negada por la ANI en el año 2017.
Sin embargo, en febrero de 2018, el proponente interpuso la solicitud de
revocatoria directa contra la resolución que había negado la solicitud de
concesión portuaria y también contra la resolución del recurso de reposición,
en la que se ratificó la negación.
En abril de 2018, se resolvió esta solicitud de revocatoria directa y se dio
continuidad con el trámite de concesión portuaria presentado, con lo cual la
Sociedad Promotora Proyecto Arquímedes S.A. debió renovar la póliza de garantía
de seriedad de la propuesta por un plazo igual a la inicial, es decir, por dos
años más, contados a partir del momento en que se reanudó el trámite, desde el
1 de mayo de 2018.
Pero recientemente la ANI hizo varios requerimientos para que se allegara la
garantía con la vigencia y el promotor presentó como garantía o cobertura del
riesgo de la seriedad de la oferta un contrato de fianza suscrito con la
Compañía Colombiana de Créditos y Fianzas S.A.S – Afiancol, que no corresponde
a una garantía válida.
Ante ello, la ANI explicó que solicitó concepto jurídico de la Agencia Nacional
de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) y a la Superfinanciera,
para determinar si el contrato de fianza es una garantía aceptable para
acreditar la garantía a la seriedad del ofrecimiento en el trámite de la
solicitud de otorgamiento de una concesión portuaria.
Pero las dos entidades confirmaron que la fianza no es válida como garantía y,
al no cumplir los requerimientos que constituyen un imperativo legal para dar
continuidad del proyecto, en aplicación de las normas pertinentes, la ANI
declaró el desistimiento tácito de la solicitud de concesión portuaria.
Ante la decisión, Naranjo señaló: «Nosotros no sabíamos que la ANI no iba
a aceptar esta fianza y que la debíamos cambiar por otra. Ya conociendo esto,
podemos interponer varios recursos y vamos a proceder con lo que la norma
permita. Si hay necesidad de entregar más información, se entrega. Esto lo
están revisando los abogados», agregó.
De acuerdo con la ANI, si la Sociedad Arquímedes quiere seguir insistiendo,
deberán empezar nuevamente de cero.
Desde
Alianza Nuquí, conformada por ONG’s ambientalistas como MarViva, WWF, entre
otras, celebran la decisión de la ANI e invitan al Gobierno
Nacional, a las autoridades regionales y locales, a las organizaciones de la
sociedad civil a continuar haciendo seguimiento al proceso.
«Esta decisión da cuenta de la falta de capacidad técnica y financiera de
Sociedad
Arquímedes para asumir una obra de esta envergadura, que traería importantes
impactos negativos económicos, socioculturales y ambientales a las
comunidades y al territorio», señalaron en un comunicado.
